VIERNES 23 DE ABRIL   17’30

CANTANTES:

Pedro Guerra, Luis Ramiro y Andrés Suárez

ACTORES:

Alberto San Juan, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Pilar Bardem, Luisa Gavasa, Asunción Balaguer, María Luisa San José, Luis Hostalot, Lucía Álvarez entre otros.

Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional de España, se enfrenta a la posibilidad de ser procesado e inhabilitado en sus funciones de juez por investigar las presuntas detenciones ilegales y desapariciones forzadas ocurridas en ese país entre 1936 y 1952. Luciano Varela, magistrado instructor del Tribunal Supremo, ha determinado que al ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía española de 1977 aplicable a los actos “de intencionalidad política”, Garzón incurrió en un delito de prevaricación.

“Garzón ha hecho esfuerzos para lograr justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos en el exterior, y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país”, expresó Lotte Leicht, directora de la oficina ante la UE de Human Rights Watch. “La decisión de procesar a Garzón permite que España y Europa sean acusadas de aplicar un doble rasero y socava la credibilidad y efectividad de la UE en la lucha contra la impunidad por delitos graves”.

Se espera que Varela dicte auto de apertura del juicio oral contra Garzón y, como resultado, el Consejo General del Poder Judicial de España evaluara la posibilidad de suspender temporalmente a Garzón de sus funciones.

No obstante, la decisión de Garzón de no aplicar la Ley de Amnistía española tiene sustento tanto en el derecho internacional convencional como consuetudinario, que obliga a los Estados a investigar los delitos internacionales más graves, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Las sanciones contra Garzón representan un duro golpe para los familiares de las víctimas de delitos graves cometidos en España, afirmó Human Rights Watch, al igual que también podrían debilitar la credibilidad y la efectividad de la UE en su conjunto a la hora de promover justicia por violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en la actualidad, ya sea en Darfur, en la República Democrática del Congo o en Sri Lanka.

Según el derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones de derechos humanos un acceso equitativo y efectivo a la justicia, así como recursos efectivos —incluido el derecho a la justicia, la verdad y a una reparación adecuada— con posterioridad al abuso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España en 1977 —con anterioridad a la adopción de la Ley de Amnistía— dispone específicamente que los gobiernos tienen la obligación “de garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades… hayan sido violados [pueda] interponer un recurso efectivo”.

En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, encargado de supervisar el cumplimiento del PIDCP, instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería “asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía” y alentó a España a “continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó en 2009 (Ould Dah c. France No. 13113/03, Decisión sobre admisibilidad), como principio general, que las leyes de amnistía son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar los actos de tortura o barbarie.

Human Rights Watch es una organización internacional independiente dedicada a la defensa y la protección de los derechos humanos. Más información sobre su actividad en su web

Fuente:hrw.org/es/, 22/04/2010

Ante la dificultad de avanzar en España 35 años después de la muerte del dictador a Baltasar Garzón se le impidió investigar y ahora está a un paso del banquillo, mientras que el 60% de los juzgados que asumió los casos ya los ha archivado sin ni siquiera indagar , los abogados de las víctimas se han planteado explorar todas las posibilidades en el exterior, ya sea exprimiendo el principio de jurisdicción universal o buscando la relación directa con España.

El pasado 14 de abril, los familiares de dos víctimas del franquismo presentaron una querella en la Cámara Federal de Buenos Aires. El proceso está aún pendiente de la aceptación a trámite pero ha generado tantas esperanzas entre los familiares de las víctimas que ya se están preparando nuevos casos para aportar a los tribunales argentinos.

En Europa se están explorando también varias posibilidades, sobre todo en Alemania. En este caso, la vía elegida es un pleito civil por la responsabilidad de las empresas alemanas que, bajo el impulso del régimen nazi, colaboraron con Franco para masacrar a civiles.

Tras la Segunda Guerra Mundial, a raíz de la doctrina Nuremberg, Alemania y sus empresas han indemnizado a miles de víctimas de la barbarie nazi, que tuvo en la guerra civil española un auténtico prólogo y campo de entrenamiento.

El bombardeo de Gernika es el caso más emblemático: la masacre fue perpetrada por la fuerza áerea nazi, equipada con los equipos más punteros elaborados por las empresas alemanas en colaboración con el régimen.

En un mes

Los abogados españoles plantearán el pleito civil como la mejor vía de forzar también una investigación de los crímenes del franquismo y la ayuda que recibió de Hitler. La semana que viene tienen previsto viajar a Hamburgo y Berlín para trabajar el pleito con expertos del Center for Constitutional and Human Rights, una organización que ya participó en la demanda contra Mercedes-Benz por supuesta colaboración con la dictadura argentina en la desaparición de obreros. Su previsión es presentar la demanda en un mes.

Antes de verano, las víctimas también tienen previsto acudir al Parlamento europeo para defender la candidatura de Garzón al Premio Sájarov, y al puesto de Defensor del Pueblo europeo.

Fuente: Pere Rusiñol, Publico.es, 22/04/2010.

Carta de Darío Rivas Cando

Me dirijo a Uds. en representación de mi Tío Darío, quien les pide disculpas por no hacerlo personalmente, dado que por consejo medico y por sus 90 años de edad debe evitar las emociones fuertes. Hablo en su voz:

Mi pedido de juicio a la Dictadura Franquista y sus aliados: el Nazismo y el Fascismo, trata de trasmitir el conocimiento de la verdad histórica como ya lo pidieran oportunamente Ortega Gasset y Azaña.

Sin memoria no hay justicia.

El pacto de silencio en que hubo de envolvernos el regalo de la “Transición” no respalda la demanda de las organizaciones humanitarias que sostienen que las violaciones de los Derechos Humanos constituyen crímenes de “Lesa Humanidad” por lo cual no prescriben y, deben ser juzgados.

Lo más importante no es buscar castigo para los culpables; sufriremos mucho menos si convertimos a nuestros muertos en “héroes”.

La Amnistía decretada por Franco fue en beneficio de la Dictadura y le permitió al Caudillo fusilar ciudadanos Españoles hasta el final de su mandato como Dictador.

La famosa “Transición” fue un tratado impuesto a los vencidos y unas cláusulas por las cuales se impuso al Pueblo Español un Gobierno segun los deseos de Franco y sus colaboradores; lo mismo las Leyes Impuestas. Por las cuales y mediante a ellas, en España se continúa viviendo como en los 40 años de la Dictadura Franquista.

El camino de la concordia y la reconciliación no excluye la Justicia, ni implica el olvido, pero exige la memoria completa y el reconocimiento de todas las culpas. Solo a partir de allí podrá lograrse algún día esa reconciliación. El camino de la pacificación requiere principios, generosidad y actitudes éticas.

Por otra parte, pareciera que alguna gente se vuelve cada vez más acomodaticia. Hay en cierto modo un silencio cómplice en personas que no quieren exponerse a nada.

El Franquismo no se acabo. El Franquismo esta en nuestra historia de hoy. Indicio de esto, son las actuales maniobras contra el Juez Garzón. Algo que desde cualquier lógica parece inconcebible.

La búsqueda de la Justicia  histórica, por dolorosa que sea para quienes colaboraron con el régimen de Franco, y por irritante que pueda ser para los que ponen en duda esta materia o están molestos,  no solo es importante para España sino que tiene ramificaciones  para toda Europa.

Solo afrontando valientemente nuestro pasado con sus luces y sus sombras, podremos vencer verdaderamente a los fantasmas.

Olvidar el pasado es cometer una injusticia con las victimas de la represión y con las generaciones futuras.

España tiene la obligación moral de restaurar la dignidad de las victimas de su siglo más sanguinario. Solo a partir de allí podrá lograrse algún día una verdadera reconciliación.

El camino de la pacificación requiere principios, generosidad, actitudes éticas y justicia.

Para que en nuestra amada España se restablezcan la Verdad  y una Paz verdadera.

Darío Rivas Collado

Fuente:periodismohumano.com, 15/04/2010

Argentina tiene mucho que enseñar a España en materia de memoria histórica. Algunos responsables de los crímenes atroces de la dictadura de Videla han sido condenados; otros se han sentado en el banquillo o están pendientes de juicio.

Desde hace años hay una Secretaría de Derechos Humanos que depende del Estado argentino y cuya misión principal es encargarse de todos los casos de asesinatos y desapariciones de la dictadura. Tiene expedientes de buena parte de las víctimas de aquellos crímenes. Solo eso transmite a los familiares que sus desaparecidos no han sido olvidados siguiendo un plan estatal perverso. No se los ha tragado la tierra.

Recomiendo la visita a la página web de la Secretaría de Derechos Humanos: Solo su portada, diseñada con fotografías de desaparecidos, puede llegar a avergonzar a todos los que en España defienden la impunidad del franquismo y la invisibilidad de sus víctimas. A los que ignoran que este país es una vergonzosa excepción en Europa.

El gobierno argentino ha indemnizado económicamente a los familiares de los asesinados y desaparecidos, así como a quienes fueron obligados a un exilio forzoso. Lo más importante de estas indemnizaciones es que traen consigo la reparación moral; el reconocimiento de víctima.

El mayor símbolo de represión y tortura de la dictadura argentina, la Escuela Mecánica de la Armada, la ESMA, ha sido transformado en un Instituto para la Memoria, un espacio de homenaje y recuerdo a los desaparecidos, torturados y exiliados.

Todos los años, el 24 de marzo, se celebran multitudinarias manifestaciones para recordar a las víctimas.

Hay más: El Estado apoya financieramente la exhumación de fosas, la realización de autopsias y las recogidas de muestras de ADN de los familiares de las víctimas, para cotejarlas con los restos mortales hallados.

Hace aproximadamente un año vinieron a España varios antropólogos de Buenos Aires, se instalaron en la embajada argentina y convocaron a todos los familiares de las víctimas de la dictadura argentina que viven en nuestro país, para tomarles muestras de ADN.

La vida está llena de paradojas: La justicia española impulsó los procesos por genocidios y crímenes de lesa humanidad en Argentina y Chile, pero se niega a seguir ese camino en nuestro país. Ha exigido a otros países lo que es incapaz de asumir para el nuestro.

Yo soy española, bisnieta de un fusilado y desaparecido en octubre de 1936. Setenta y cuatro años después aún no hemos recuperado su cadáver. Al igual que Antígona, en España los familiares de los al menos 113.000 desaparecidos no podemos dar a nuestros seres queridos una digna sepultura, una tumba donde llorarles.

Nuestra democracia está basada en el olvido de las víctimas; nuestro Estado de Derecho se ha construido sobre el silencio de las familias de los fusilados, los desaparecidos, los represaliados, torturados, o exiliados.

El asesinato de mi bisabuelo formó parte de un patrón de comportamiento habitual: Los fascistas iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, detenían a los alcaldes, concejales, a aquellos que simpatizaban con la República, se los llevaban y los fusilaban a las afueras de pueblos cercanos o los encerraban en campos de concentración y los mataban poco tiempo después, buena parte de las veces sin juicio previo.

Ese patrón de comportamiento es una de las pruebas de la existencia de un plan para erradicar a un sector determinado de la sociedad española, con el claro objetivo de crear otra nación diferente. Y esta es, según la jurisdicción internacional, la definición exacta de genocidio.

“Los mataban como conejos”, me dijo una vez un señor del pueblo de mi familia, uno de los pocos que habla en voz alta, porque todavía hoy, en 2010, la gente sigue callando. Pero nos creemos un país saludable.

Aquí no tenemos una Secretaría de Derechos Humanos a la que acudir en busca de datos sobre las víctimas. Nuestros abuelos vagan de archivo en archivo en un intento por acceder a documentos que la mayor parte de las veces no aparecen. No solo se les niega la Justicia; se les ponen trabas para acceder a la información.

Aquí el Estado no impulsa las exhumaciones ni la recolección de muestras de ADN. No ayuda a las víctimas a encontrar a sus desaparecidos. No solo eso: se ha permitido un discurso público que reprocha la queja de las víctimas, victimizándolas de nuevo.

Aquí el Estado no ha creado un Instituto para la Memoria ni cualquier otro espacio de homenaje y recuerdo a los desaparecidos, torturados, encarcelados o exiliados. El Valle de los Caídos sigue manteniendo la esencia de lo que fue; su visión desde la carretera de Madrid a El Escorial entristece a los que creemos necesaria la reparación moral de las víctimas para vivir en una democracia saludable.

Mi abuelo, a pesar de que no tuvo una vida fácil, llegó a ser un hombre optimista. Hasta el final de sus días mantuvo la esperanza de que el sufrimiento de su familia fuera reconocido, de que alguien le pidiera perdón, de que el Estado se encargara de buscar a su padre o, al menos, nos diera alguna pista sobre qué pasó en los últimos días de su vida. He de reconocer que el día en que le enterramos no solo me sentía herida por su muerte, sino porque sus restos no podían descansar junto a los de su padre, desaparecido aún.

El hecho de que un grupo de asociaciones de familiares de víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos hayan presentado en Argentina una querella que pide el fin de la impunidad de los crímenes del franquismo vuelve a situar a Argentina por delante de España en lo referente a este asunto. Quién le iba a decir a mi bisabuelo que quizá su memoria tenga que cruzar el océano para mantenerse viva.

España tiene más desaparecidos que Argentina y más fosas comunes que Bosnia. Pero nos creemos un país desarrollado con una democracia y un Estado de derecho intachables, cuando en realidad deberíamos estar en un diván, sacando los crímenes y cuerpos ocultos en las cunetas y en nuestro subconsciente.

Es hora de plantearse sobre qué valores deseamos que se sustente nuestra democracia. Si queremos que este país esté basado en el Estado de derecho estamos obligados a afrontar nuestro pasado para no perpetuar un sistema que descansa sobre los cadáveres olvidados y la desmemoria.

Si deseamos que los jóvenes crean que merece la pena esforzarse por un mundo mejor tenemos la obligación de recompensar y reconocer a todos aquellos que hace más de 70 años lucharon contra un golpe de estado fascista, para defender un sistema democrático, y perdieron la vida por ello.

La pregunta es muy simple: Si les contamos a nuestros hijos cómo ha actuado Argentina con la memoria de sus desaparecidos y cómo actúa España con la de nuestras víctimas, ¿qué país considerarán más avanzado?

Olga Rodríguez

Fuente:periodismohumano.com, 19/04/2010

Para hacernos una idea de la repercusión que está teniendo la película en Bélgica, Peñafuerte, hijo de exiliados, cuenta que el pasado miércoles participó en un debate en la radio pública belga con el ex presidente del parlamento europeo José María Gil-Robles y el historiador Ángel Viñas.

“Los periodistas belgas no daban crédito a lo que decía Gil-Robles, que defendió la vigencia de la Ley de Amnistía del 77 y aseguró que los españoles no quieren reabrir las heridas del pasado. Pero en Europa conocen bien la historia del franquismo. Y las imágenes de, por ejemplo, las concentraciones en esa caricatura del mal gusto llamada Valle de los Caídos sólo pueden provocar perplejidad”.

La visión del exiliado

Estupefacción que se ha incrementado estos días tras ver cómo los grupúsculos ultraderechistas Manos Limpias y Falange Española de las Jons han conseguido llevar a Baltasar Garzón al banquillo por investigar los crímenes del franquismo. “Es como si el Partido Nacionalsocialista pidieran a los jueces alemanes que cesen inmediatamente los ataques que viene sufriendo el nazismo”, resume

“Lo que está en juego es la jurisprudencia internacional sobre los delitos de lesa humanidad por la irresponsabilidad de un pequeño sector de jueces españoles. Si una democracia no puede juzgar los crímenes de su pasado, ¿cómo podemos exigirle luego lo mismo a una dictadura?”, se pregunta el cineasta, que cree que los exiliados pueden aportar una mirada sobre el pasado a prueba del aislamiento ideológico y la trifulca partidista que se vive en España.

Y concluye volviendo a sacar el belga (léase europeo) que lleva dentro. “Más que un proceso contra un juez estamos ante un juicio a los valores democráticos sobre los que se construyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial”, afirma aludiendo a los Juicios de Núremberg . “Ya va siendo hora de condenar el franquismo y recordar a sus 130.000 víctimas. Se lo debemos a Europa. No se trata de reabrir heridas, sino de curarlas del todo. Haciendo justicia”, zanja.

Fuente: Publico.es, 21/04/2010.

El director del documental ha dejado en la Concentración Permanente invitaciones para asistir al pre-estreno del documental, que se celebrará el miércoles 21 de abril en los Cines Verdi (Madrid): Las invitaciones requieren de confirmación por correo electrónico.

Para todos aquellos interesados, en este enlace pueden obtener una copia del auto.

Al recuperar la democracia el silencio en torno a esos secuestros se rompió en mitad de los años ‘90 con la emisión de algunos casos relacionados en el programa de televisión ¿Quién sabe dónde?.

Algunos casos individuales se resolvieron durante estos años pero fue el sumario del juez Baltasar Garzón el que por primera vez ha llevado a un juzgado, en noviembre de 2008, ese gravísimo delito. El magistrado quiso hacer un paralelismo con el proceso argentino donde el caso de los niños apropiados fue la grieta que abrió camino a la justicia. Además, el secuestro permanente de esos ciudadanos no está recogido en la Ley de la Memoria, el marco jurídico utilizado por la Fiscalía de la Audiencia para argumentar que las víctimas de la dictadura ya tenían justicia.

En el auto de inhibición del 18 de noviembre de 2008, el juez remitió a siete juzgados territoriales la causa, entendiendo que hay indicios de delito y lleven a cabo investigaciones. Ha sido a principios de abril de este año cuando los juzgados han recibido digitalizada toda la documentación.

El derecho de alguien a conocer su verdadero origen no prescribe, igual que no lo hace el delito de secuestro, que se comete cada día en que la víctima está privada de libertad e identidad. Si la justicia cumpliera con el derecho humanitario y las numerosas recomendaciones de organismos como la ONU, perseguiría las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura franquista. Si el Estado español fuera responsable con la jurisdicción humanitaria pondría todas las herramientas necesarias para esclarecer esos hechos. La omisión de auxilio a esas familias es gravísima y posiblemente será resuelta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde desembocarán las distintas causas que han intentado abrirse contra la dictadura.

Emilio Silva

Fuente:DIAGONAL, 06/05/2009.